La falsa dicotomía entre COVID y privacidad

Imagen de un aviso en iOS de un posible contacto


Aunque solo lo atisbemos de una forma muy sutil, es probable que estos últimos meses hayamos sido testigos de un evento disruptivo en nuestro desarrollo como sociedades. Multitud de ingredientes que se estaban cocinando a fuego lento en el proceso de digitalización de nuestro día a día han recibido un empujón definitivo debido a los confinamientos. 

El teletrabajo, las compras online, el dinero digital (mucho más allá del de plástico), la enseñanza en línea y a distancia, etc. parece que han encontrado por fin su razón de ser: a simple vista son soluciones inmutables pase lo que pase en nuestro día a día. Esto -si se prolonga demasiado la incertidumbre sobre cómo vencer a la enfermedad- cambiará por completo sectores como el inmobiliario, la hostelería, el turismo, el transporte privado y colectivo o el comercio.

La transición a la sociedad digital parece inevitable y puede que irrevocable. Son cada vez más las voces que nos exponen las ventajas que esta digitalización ha traído a la hora de controlar la curva de contagios de la COVID19 en Asia. Sin embargo, en Europa, a diferencia de otras regiones del planeta, se está planteando un debate sobre qué tipo de sociedad digital queremos construir: una en la que la seguridad del grupo esté por encima de los derechos individuales o una en la que la privacidad de las personas se blinde frente a las organizaciones (públicas o no).

Recientemente, la revista Ctxt publicó una interesante entrevista de Steven Forti a Francesca Bria, presidenta del Italian Innovation Fund y senior adviser de ONU-Habitat. Bria es, además, profesora honoraria del Institute for Innovation and Public Purpose fue comisionada para Tecnología e Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona y es coautora de “Ripensare la smart city” junto con Evgeny Morozov, una de las referencias en el estudio y debate de los efectos sociales y económicos de las nuevas tecnologías.

En ella Bria analiza el enorme reto que supone para las democracias europeas (especialmente) mantener un equilibrio entre medidas que se han mostrado muy efectivas para controlar la expansión de la enfermedad y la protección de los datos de los ciudadanos. Los científicos del Nuffield Department of Medicine de la Universidad de Oxford concluyen que si más de un 60% de los ciudadanos participaran en aplicaciones para el rastreo de contactos (contact tracing) sería posible generar un mapa del desarrollo de la enfermedad.

Y son varios los gobiernos que se han puesto manos a la obra para animar a sus ciudadanos a utilizar estos programas realizados por ellos mismos. No obstante, esto requiere un ejercicio impecable de transparencia y de seguridad. Por eso, el Supervisor Europeo de Protección de Datos ha pedido una solución paneuropea.

Una de las mejores opciones se empezó a desarrollar a partir de software libre y bajo el protocolo DP-3T en el que la información se guarda de forma anónima y se procesa en los terminales. No hay grandes servidores centrales almacenando todo y siendo un importante punto de atracción para potenciales ciberataques. La batalla política entre los ochos países firmantes, sin embargo, ha hecho que sea la propuesta de Apple y Google de crear una API que utilice el Bluetooth y que sirva de soporte para las aplicaciones nacionales la que ha triunfado.

¿Significa esto que la seguridad de nuestros datos de salud está a salvo? Depende. Mientras que Estados de la Unión como Francia han exigido a las multinacionales que permitan centralizar los datos de sus ciudadanos, otros han cambiado de postura a última hora (Alemania) y otros ni siquiera se han pronunciado (Italia y España). ¿Dónde nos quedamos? En manos de la buena voluntad de las grandes tecnológicas que esta vez han dado como buena la idea de proteger la privacidad del individuo. En manos de una crónica falta de capacidad de decisión conjunta por falta de un regulador continental con capacidad legislativa. Víctimas de un enorme problema de falta de liderazgo en el mercado tecnológico (en este caso de software y de electrónica de consumo).

El lado positivo reside en que Europa ha demostrado que si hay voluntad no hay que elegir entre privacidad y bien (salud) común. Porque precisamente si hay algo que pueda hacer la tecnología es crear nuevas herramientas para solucionar problemas. Es decir, no es necesario el sangrante control que bajo la excusa de la pandemia, gobiernos asiáticos infligen a sus ciudadanos.

La COVID19 debe servirnos para ver fugazmente cómo será el futuro digital que nos espera a la vuelta de la esquina. Debe enseñarnos sus retos y, sobre todo, darnos pistas de qué tipo de sociedad quereos construir alrededor de la tecnología y sus “daños colaterales”. Las soluciones que hemos visto hasta ahora han sido de lo más variopintas: desde el control total de la movilidad de los ciudadanos a partir de sus móviles (China) hasta la triangulación de datos de GPS y pagos digitales para saber el recorrido de cada persona infectada (Corea del Sur). Eficaces en un primer momento, poco efectivas si no se acompañan del sentido común de los ciudadanos, peligrosas si no se desmantelan una vez pasada la pandemia y tentadoras para fuerzas políticas totalitarias (o empresas ávidas de incrementar sus ventas).

Precisamente por ello, aunque las prisas (normales con las altas cifras de muertos) puedan empujarnos hacia el futuro, debemos tomarnos el tiempo necesario para dejarnos caer en el futuro correcto, aunque sea más despacio.

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